El Real Decreto 731/2026, de 16 de septiembre, desarrolla el nuevo marco de los Proyectos Estratégicos de Inversión (PEI) en España y concreta los criterios, el procedimiento y las medidas de apoyo que podrán asociarse a esta declaración.
La norma, publicada en el BOE el 17 de septiembre y en vigor desde el 18 de septiembre de 2026, desarrolla la figura creada previamente por el Real Decreto-ley 7/2026 con el objetivo de facilitar la implantación y ejecución de inversiones consideradas especialmente relevantes para el desarrollo económico, industrial y tecnológico del país.
No estamos ante una nueva convocatoria de subvenciones, sino ante un marco de priorización, coordinación y acompañamiento para determinados proyectos de inversión que puede tener implicaciones tanto en su tramitación administrativa como en su relación con diferentes instrumentos de financiación pública.
¿Qué proyectos pueden ser declarados estratégicos?
Podrán optar a la declaración de PEI aquellas iniciativas empresariales o de colaboración público-privada que supongan una inversión o reinversión en España, contribuyan a mejorar las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y presenten razones de interés público, social, ambiental o económico para el conjunto del país.
La normativa deja fuera operaciones de carácter estrictamente societario, como la adquisición de acciones o participaciones, las ampliaciones o reducciones de capital o determinadas modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.
Además, podrán formar parte del proyecto aquellas infraestructuras necesarias para su desarrollo y ejecución cuando estén directamente vinculadas a la inversión estratégica, lo que amplía el alcance de la figura más allá de la propia inversión productiva.
¿Qué se tendrá en cuenta para obtener la declaración?
La evaluación se realizará en dos fases y combinará criterios cuantitativos y cualitativos, por lo que no dependerá exclusivamente del volumen económico de la inversión.
En la fase inicial tendrán especial relevancia el volumen de inversión, que deberá resultar significativo a escala nacional o respecto a la economía del territorio en el que se ejecute, y su impacto sobre el empleo, tanto mediante la creación de puestos de trabajo altamente cualificados como, en determinados casos, a través de la preservación, transformación o recualificación del empleo industrial existente.
A estos elementos se sumarán otros factores vinculados a la contribución del proyecto a la autonomía estratégica y la seguridad económica, la digitalización y transformación tecnológica, la transición ecológica y energética, el fortalecimiento de las capacidades nacionales de producción industrial o los procesos de reindustrialización y reconversión de sectores y territorios.
También se tendrá en consideración la solidez del proyecto y la capacidad técnica y económica de sus promotores, así como la existencia previa de una declaración estratégica equivalente a nivel autonómico.
En la evaluación definitiva se profundizará en cuestiones como el plan de negocio, el esfuerzo previsto en I+D e innovación, la incorporación de tecnologías críticas, la transición ecológica, el impacto sobre las cadenas de valor y los ecosistemas industriales, la repercusión socioeconómica y territorial del proyecto o las actuaciones de formación y recualificación de trabajadores.
La regulación contempla además un tratamiento específico para determinados proyectos reconocidos en el ámbito europeo, entre ellos iniciativas vinculadas a STEP, IPCEI, tecnologías de cero emisiones netas o materias primas fundamentales.
Los umbrales concretos todavía están pendientes de desarrollo
Uno de los aspectos que todavía deberá concretarse es la dimensión que deberá alcanzar un proyecto para superar la evaluación, ya que el Real Decreto no establece un importe mínimo cerrado de inversión ni un número determinado de empleos que, por sí solos, permitan acceder a esta consideración.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos deberá aprobar y publicar el baremo y la metodología de evaluación que determinarán cómo se ponderarán los diferentes requisitos y criterios establecidos en la normativa.
Será este desarrollo el que permitirá conocer con mayor precisión el nivel de inversión, impacto y relevancia que deberá alcanzar cada proyecto para poder optar a la declaración.
¿Qué puede suponer para una empresa conseguir la declaración como PEI?
Este es probablemente uno de los aspectos de mayor interés para las empresas que estén planificando grandes inversiones en España.
La declaración definitiva podrá incorporar medidas de apoyo adaptadas a las necesidades concretas del proyecto, siempre que sean solicitadas y justificadas por el promotor y posteriormente evaluadas por el Comité de Inversiones Estratégicas.
Estas medidas pueden estar dirigidas a agilizar o priorizar determinados procedimientos administrativos, facilitar la coordinación entre las diferentes administraciones implicadas, favorecer el acceso y conexión a infraestructuras necesarias para la ejecución del proyecto o establecer mecanismos de acompañamiento y seguimiento durante su desarrollo.
La figura presenta además una conexión directa con determinados instrumentos de financiación pública. En particular, el Real Decreto establece que los proyectos declarados estratégicos tendrán prioridad en la tramitación de Incentivos Regionales, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa específica de este instrumento.
Asimismo, las administraciones podrán modificar, dentro de sus respectivas competencias, las normas reguladoras de sus programas de ayudas para dar prioridad a proyectos que hayan obtenido la declaración de inversión estratégica.
La consideración como PEI no implica, por tanto, la concesión automática de una subvención o financiación pública, ya que cada instrumento continuará sujeto a sus propios requisitos y procedimientos, pero sí introduce un nuevo elemento que deberá tenerse en cuenta en la planificación y estructuración financiera de grandes proyectos de inversión.
¿Cómo será el procedimiento y cuándo podrán presentarse solicitudes?
La solicitud deberá ser presentada por el promotor y se tramitará en dos fases. En una primera etapa, el Comité de Inversiones Estratégicas comprobará la elegibilidad y realizará una valoración inicial del proyecto, con un plazo de un mes para emitir la declaración previa o proponer su inadmisión o desestimación. Si el proyecto supera esta fase, se realizará una evaluación más detallada de la inversión y de las medidas de apoyo solicitadas, correspondiendo la resolución definitiva a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El plazo máximo para resolver el procedimiento completo será de tres meses desde la presentación de la solicitud.
Aunque el Real Decreto ya ha entrado en vigor, las solicitudes aún no pueden presentarse, ya que antes deberán constituirse los órganos previstos, publicarse el baremo y la metodología de evaluación, habilitarse los medios electrónicos y aprobarse la orden que fije la fecha de inicio del procedimiento.
Una nueva variable en la planificación de grandes inversiones
La creación de los Proyectos Estratégicos de Inversión incorpora un nuevo elemento al mapa de apoyo a las grandes inversiones empresariales en España.
Su interés no reside únicamente en la posible agilización administrativa, sino también en su conexión con los Incentivos Regionales, en la posibilidad de que futuros programas de ayudas prioricen estas inversiones y en la coordinación que puede generar entre las diferentes administraciones implicadas en la puesta en marcha de un proyecto.
Para las empresas que estén valorando nuevas inversiones industriales, tecnológicas o productivas de dimensión relevante, será por tanto importante analizar desde las primeras fases si el proyecto puede reunir las condiciones necesarias para optar a esta declaración y cómo puede integrarse dentro de una estrategia global de financiación pública y apoyo a la inversión.
A medida que se publiquen el baremo, la metodología de evaluación y la fecha de apertura del procedimiento será posible determinar con mayor precisión qué proyectos pueden tener encaje y qué efectos concretos puede aportar la declaración en cada caso.
Desde Bantec Group realizamos un seguimiento continuo de los instrumentos de financiación pública y apoyo a la inversión para identificar las oportunidades aplicables a cada proyecto y estructurar una estrategia de financiación adaptada a las características de cada inversión.